A pedido del fiscal Jorge Paolini, titular de la UFI nº 8 de Delitos Complejos de La Plata, la Justicia local dispuso la prisión preventiva de tres de los nueve imputados de la causa que investiga a una banda enquistada en el Ministerio de Salud durante el gobierno de Daniel Scioli, que tendría vínculos con la mafia de los medicamentos y el robo de remedios oncológicos de alto costo en el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), informaron fuentes judiciales.

El empresario farmacéutico Leandro Paci, el dueño de una imprenta, Víctor Shama, y un empleado de la Subsecretaría de Adicciones del Ministerio de Salud que conducía Alejandro Collia, Hernán Azzarri, ya estaban detenidos pero ahora quedaron con prisión preventiva acusados de fraude a la administración pública y asociación ilícita, por lo que las defensas de los tres apelarían esta semana ante la Cámara.

Mientras, continúan prófugos en forma escandalosa el exsubsecretario de Atención de las Adicciones, Carlos Sanguineti, y una estrecha colaboradora, Viviana Calegui. En tanto, fueron excarcelados el empresario Leandro Durand y la exdirectora de Contabilidad del Ministerio de Salud, , ya que la carátula de ambos fue más leve. 

Los fundamentos para dictaminar las preventivas para Paci, Shama y Azzarri surgen de indicios vehementes, perpetrados en las localidades de La Plata y Adrogué, durante el transcurso de los años 2012 y 2013, oportunidad en que al menos tres funcionarios del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, conjuntamente con un empresario proveedor del Estado, su socio, y el empleado de una imprenta, configuraron una asociación delictiva destinada a defraudar al Estado Provincial mediante la presentación de documentación apócrifa (presupuestos, facturas, remitos, etc.) tendiente a justificar el pago, por parte de distintos organismos dependientes del Ministerio de Salud, de diferentes prestaciones que nunca fueron ni habrían de ser cumplidas. 

De acuerdo al expediente judicial, “los imputados lograron sustraer distintas sumas de dinero en concepto de pagos de la Subsecretaría de Atención de las Adicciones y del Hospital Lucio Meléndez de Adrogué, donde se acordaron la confección de al menos 5 expedientes licitatorios falsos por distintas compras que habría de efectuar el citado Ministerio para la Subsecretaría, con el objeto de  justificar de tal modo el pago de importantes sumas de dinero a determinadas empresas a las cuales era direccionada la compulsa de antemano”.

“De lo expuesto surge, además, que la Dirección General de Administración (DGA) del Ministerio de Salud, el subsecretario de Adicciones y la delegada de DGA en la Subsecretaría mencionada, armaban licitaciones para favorecer a determinadas empresas que no cumplirían con la entrega del material licitado, y estampar su firma en los distintos expedientes relativos a esas compras, se interesaron en miras de un interés propio o de terceros (quien ganaría la compulsa), en operaciones en las que intervinieron en razón de su cargo", se enumera en los fundamentos para la preventiva.

La investigación se inició por un caso que fue revelado por diario Hoy el 6 de diciembre de 2011. Todo comenzó cuando salió a la luz que un afiliado, quien había fallecido de cáncer, aparecía en el sistema informático del IOMA con tratamientos activos. Además, estaban registrados pacientes con terapia oncológica a los cuales se les cargaban drogas que sus médicos nunca les habían indicado.

Escuchas telefónicas comprometedoras

En poder del fiscal Jorge Paolini hay escuchas telefónicas que dejan muy mal parados a los imputados y aún al ex-DGA del exministro Alejandro Collia, Daniel Pérez.

En los audios identificados se encuentran registradas conversaciones entre Leonardo Paci y su socio Víctor Hugo Casares. 

“Entramos con Pérez (por el subsecretario de Administración del Ministerio de Salud). Vamos a ver cómo lo piloteamos, es probable que la primera no nos la den (en alusión a la primera licitación), (...) pero todo lo demás es para Pérez, directamente, ¿entendés? (en clara alusión a la impresión de presupuestos, facturas y documentación para presentar en las licitaciones)”, comienza Paci. “Buenísimo”, interrumpe Casares. Y Paci continúa: “Es probable que la primera, que es la de pintura, de noventa y tres, no nos la den, yo igual la pedí (en alusión a la licitación que corrió por expediente 2899-2043-13)” .

“Te cuento qué número manejamos: nosotros tenemos uno más que es Hernán, ¿sí? Hernán es el del REBA, el de Adicciones (refiriendo al detenido Hernán Azzarri, exfuncionario de la Subsecretaría de Salud Mental y Atención a las Adicciones). Con él manejamos así...  De movida lo que cobramos es el veinte, el veintiuno, y aparte hay un diez o quince (sic) Hernán, la que está al lado de Pérez y yo.  De ahí después vemos cómo lo repartimos todo. (...) Un diez va para el papel, después un cinco para mí, un cinco para Hernán, o sea nosotros nos llevaríamos el quince, ¿sí? Más un cinco más de la parte entre el veinte y el treinta y cinco que van a tratar de pelear”, agrega Paci.

Frente a lo que Casares interpreta: “O sea que nos quedaría un veinte que le tenemos que blanquear a Hugo”. “Exactamente”, contesta Paci, y añade: “(...) A Hernán lo podemos meter con nosotros o Hernán se queda afuera y que haga su negocio aparte, como lo hace... (sic) Capaz que probamos un par de meses y al tercero lo llamamos y le decimos: ¡Mirá, Hernán, nosotros somos estos tres y cobramos tanto! ¿Querés entrar?. Yo, en un principio, lo dejaría afuera. Hernán se lleva la de él.  (...) Tiene cero bondad, pero te ponés a hablar con él y te encanta, es lo que siempre quisimos hacer nosotros y no nos sale... Es bravo, pero es muy leal, es el que está arriba mío, el que nos trae todos los laburos”. 

Las escuchas revelan que las maniobras defraudatorias mediante la presentación de facturas venían perfeccionándose desde tiempo atrás.

Por demás indicativo resultan ser las diversas facturas, recibos y documentación incautada en poder del empresario, relativas a distintas empresas, y en las que siempre el organismo facturado o pagador resulta ser el Hospital Lucio Meléndez de Adrogué.

¿Irán por los “peces gordos”?

Ante el escándalo generado por las detenciones, en el ámbito de tribunales plantean interrogantes acerca de si, finalmente, la Justicia avanzará sobre los llamados “peces gordos” de la gestión sciolista.

Muchas sospechas generó el hecho de que la investigación penal, a cargo del fiscal de Delitos Complejos Jorge Paolini, no haya alcanzado, hasta el momento, a Daniel Pérez, el exsubsecretario de Administración del Ministerio de Salud, quien por estos días se encontraría en España. Aunque hay versiones de que en los últimos días fue visto en La Plata.

Ocurre que este funcionario era el superior jerárquico de Beatriz Priolo, una de las ya imputadas por las estafas realizadas en perjuicio del Estado. Pero avanzar sobre Pérez, a su vez, también podría significar que quede bajo la lupa judicial el exministro de Salud de Scioli, Alejandro Collia, quien actualmente se desempeña como secretario en la Municipalidad de La Matanza.

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