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25 de octubre de 2015

El Correo y la empresa que traslada las urnas, en la mira de los partidos

Las particularidades del sistema electoral argentino, que consagra ganadores y perdedores con el escrutinio provisorio –que es el que realiza el Ejecutivo– y no con el que realiza la Justicia –como dice la ley–, viene provocando una larga historia de irregularidades. Tras los sucesos en Tucumán y la percepción de que las diferencias entre los principales candidatos será muy ajustada, la oposición puso la mira en los procedimientos que están a cargo del Gobierno.

osé Torello, apoderado de Cambiemos, envió 400 cartas documento a cada director, gerente y responsable de los 235 centros de recolección y carga de telegramas que tendrá el domingo el Correo Argentino, intimándolos a que cumplan con el compromiso de entregar la documentación de las piezas de citación a las autoridades de mesa, tal como lo exigió la Cámara Nacional Electoral.

También los intimó a que le permitan acceso al original o copia de los telegramas que serán cargados en el escrutinio provisorio, bajo la amenaza de ser denunciados penalmente por incumplimiento de los deberes de funcionario público si no les explican cómo tendrán esa información antes del comicio.

Se trata de un control de trazabilidad denominado track & trace que ofrece el Correo Argentino, que permite chequear la concordancia entre el origen y el destino; Cambiemos exige que sea puesto a disposición de la agrupación para asegurar que no se carguen telegramas fraudulentos en el escrutinio provisorio.

Con la excusa de que el día de la elección están muy ocupados, el personal del Correo Argentino nunca da esa información. Por eso, Torello envió esta semana los 400 telegramas; espera tener acceso a cada uno de los telegramas que se producen en cada una de las mesas de votación una vez concluido el comicio, y el trayecto que hizo desde que salió de la escuela, para garantizar que no se terminen cargando documentos adulterados en el camino.

Las prevenciones no son exageradas. También el precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Julián Domínguez, se quejó en privado porque llegaron telegramas de mesas de votación que supuestamente eran de distintas localidades, aunque estaban completados por la letra de una misma persona, tal como pudo comprobar con peritos grafológicos que dispuso en el escrutinio definitivo que se realizó en sede de la Justicia electoral de La Plata.

Aunque ya estaba fuera de carrera, Domínguez quería comprobar la escala del fraude que se hizo sobre su candidatura, y está convencido de que ganó por el mismo margen por el que perdió, o sea, 7 por ciento. En efecto, a pesar de que varios intendentes lo llamaron para felicitarlo por la victoria, tuvo que reconocer la derrota porque el hombre fuerte del kirchnerismo, Carlos Zannini, secretario de Legal y Técnica, lo llamó a las 19 para que asumiera la derrota. A un amigo, Domínguez le contó que cuando Zannini lo llamó para que desistiera, le preguntó por qué lo habían habilitado para que compitiera. "Vos quisiste competir, Julián, nosotros no te dijimos nada", se lavó las manos el candidato a vicepresidente del Frente para la Victoria, en el colmo del cinismo.

 

El traslado de las urnas
Otro asunto que ocupa y preocupa a la oposición es el traslado de las urnas. Tanto el PRO como el Frente Renovador le pidieron a la Dirección Nacional Electoral que se coloque un GPS en cada vehículo, para poder auditar que el trayecto sea el esperado, de la escuela al centro de carga de datos. Pero la DINE se negó, con una excusa de costo, y el Correo recomendó que se siga el traslado con otro vehículo particular, desde atrás.

Pero en la oposición no están tranquilos, porque la empresa contratada para el traslado de urnas es el Grupo Empresa Romero Sociedad Anónima (ERSA) del empresario santafesino Juan Carlos Romero, socio en Autobuses Santa Fe SRL de Alejandro Rossi, hermano del ministro de Defensa.

La relación entre Romero y el hermano de Agustín Rossi es cotidiana, al punto que se sospecha que ERSA ganó la licitación para el traslado de urnas, pero la operación la maneja en forma personal Alejandro Rossi, de grandes vinculaciones con el peronismo en todo el país, ya que es un militante justicialista y llegó a ser diputado nacional.

EL HERMANO DEL MINISTRO DE DEFENSA TIENE VINCULACIONES ACCIONARIAS CON LA EMPRESA QUE TRASLADA LAS URNAS
También INDRA genera sospechas. Es la empresa contratada por la DINE desde 1993 para realizar el escutrinio provisorio, que sigue en manos del Gobierno, en lugar de darle a la Justicia el presupuesto para que pueda hacerlo por sí misma, o contratando a quien le parezca.

Para desbaratar las dudas presentadas por la oposición, la DINE le pidió a INDRA que realice un sistema de chequeo doble, es decir, que el telegrama ingrese por dos posiciones independientes. Si son consistentes y cumplen con las validaciones, ingresan para ser computados. En el caso de que no lo sean, pasan a una revisión que busca dónde se encuentra la inconsistencia y se resuelve si se da por válida o pasa a ser una mesa observada. Pero la oposición pide mayor control sobre esa revisión y, sobre todo, la posibilidad de abrir la urna que haya sido observada por inconsistente durante el escrutinio definitivo, algo que todavía no fue autorizado.

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