Al tomar conocimiento de la resolución judicial y de la fecha de desalojo, el municipio interviene de manera articulada con el Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del niño, niña y adolescente. Entre las acciones realizadas se efectúa la búsqueda de una vivienda en principio en Los Toldos. Ante la falta de inmuebles en esta localidad, se ofrece a la familia una vivienda en San Emilio para ser trasladada la Sra. Cairo junto a sus hijas y su pareja, hasta tanto se logre conseguir para alquilar una vivienda en Los Toldos, otorgando el beneficio de asistencia habitacional (pago de alquiler) por parte del municipio.

A su vez, la secretaría pone a disposición un vehículo para la mudanza de la familia y sus muebles, como así también el traslado diario al establecimiento educativo al que concurren sus dos hijas.

Motiva este ofrecimiento el interés superior de resguardar la integridad de la menor y del grupo familiar. No obstante, la Sra. Cairo no acepta el mismo, argumentando problemas de salud de una de sus hijas, siendo que funciona allí la sala de primeros auxilios y ante cualquier emergencia de salud se encuentra disponible la línea 107, SAME (Sistema de atención Médica de Urgencias y Emergencias).

Pese a todas estas garantías una vez más, la familia rechaza esta posibilidad, incurriendo de esta manera la progenitora en la vulneración de los derechos de sus hijas, tales como derecho a la vivienda, derecho a la educación, reconocidos en nuestra Ley fundamental y en el plexo normativo nacional como así también en diversos Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

Nos preocupa imperiosamente la decisión terminante de la Sra. Cairo de NO ACEPTAR la propuesta habitacional realizada días previos al desalojo, exponiendo de esta manera a su hija menor y al grupo familiar a una situación traumática y que podría ser evitable si prestara su voluntad. Nos seguimos ocupando para encontrar una pronta solución.