Ese proceso es tan temido porque significaría igualar las condiciones de jubilación entre ambas jurisdicciones en detrimento de los trabajadores bonaerenses. Una fusión o una equiparación que “nivelaría para abajo”. 

En líneas generales, el sistema previsional del IPS es más beneficioso y le saca una ventaja importante al previsto por ANSES. Ni que hablar si se toman todos los regímenes especiales que corren en el ámbito provincial. 

Los datos más citados para explicar esta diferencia tienen que ver la edad jubilatoria, de 50 años en el IPS contra 60/65 (mujeres varones) en Anses; los aportes, 25 años contra 30; y la movilidad, entre 70% y 85% del sueldo con enganches efectivos (repercuten los aumentos a los activos) contra un 52%.

Además de esos puntos, hay otro que es crucial: el cálculo de la jubilación. En el IPS, se toma el mejor cargo o mejor sueldo por tres años consecutivos o cinco alternados. En tanto, en ANSES, el promedio es de los últimos diez años. 

Los sindicatos se pusieron en pie de guerra con el convenio bilateral firmado entre Axel Kicillof y Alejandro Vanoli, por entonces titular de ANSES, el 14 de abril pasado. La administración nacional se comprometía a “financiar el déficit” previsional bonaerense. 

Lo que generó polémica es que, en contrapartida, la Provincia debía remitirle información de las cajas de jubilaciones del BAPRO, de los estales y de los empleados municipales desde 2017. 

Estas entidades ven que allí se abre una puerta para la fusión. Desde la Provincia aclaran que ese traspaso de datos es inevitable para acceder a ese salvataje. 

“Por esa razón nos comprometimos con la ANSES a entregarle la información necesaria para poder reclamar los recursos que nos corresponden. Porque justamente, para defender nuestro sistema se hace necesario contar con recursos e ir devolviéndole el equilibrio”, escribió Eduardo Santín, titular del IPS, en una carta abierta del 5 de mayo. 

La deuda y el rescate

Según el propio Santín, el resultado final del 2019 fue más de $20.000 millones de déficit, producto del desmanejo de la gestión de María Eugenia Vidal, que puso en el IPS Christian Gribaudo, hombre de Daniel Angelici (Gribaudo perdió las elecciones en Boca contra el riquelmismo cuando quiso ser el sucesor de su padrino).

Dicho convenio bilateral fue aprobado por el decreto provincial 261/2020. Según este texto, el acuerdo se basa en tres normativas: las leyes nacionales 27.429 (Consenso fiscal 2017), y 27.431 (pago de deudas previsionales a los sistemas previsionales) y el decreto nacional 730/18 (asistencia financiera para las provincias cuyos regímenes previsionales no fueron transferidos al Estado Nacional).

Puntualmente, el acuerdo entre Kicillof y Vanoli invoca el decreto 730/18 para que el IPS reciba un adelanto de $6 mil millones, los cual acreditaron días después. Es un adelanto de un volumen de dinero cuya totalidad aún no se conoce definitivamente. 

El régimen de asistencia financiera a las referidas provincias quedará definido “por el proceso de simulación de los desequilibrios que estaría asumiendo el Estado Nacional si el sistema previsional de que se trate hubiese sido transferido el 31 de diciembre de 1999”. Para eso, aclara, ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social) “requerirá a cada organismo provincial la información necesaria para ser utilizada en dicho proceso”. 

Según el convenio, para el 31 de marzo de 2021, la Provincia deberá transferir a ANSES: “la información completa requerida de la Caja del Banco Provincia y de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de los ejercicios 2017, 2018, 2019”; “la historia laboral de los aportantes de la Administración Central y del Servicio Penitenciario desde julio de 1994 hasta 2003”, y “la historia laboral de los aportantes de los 27 municipios que representan el 75% del total (La Plata, Mar del Plata y los 25 más populosos del Conurbano). 

El artículo de la discordia

No ayuda a aclarar la cuestión que el convenio cita el Artículo 27 de la llamada “Ley de reparación histórica para jubilados y pensionados”, el cual se titula “Armonización de Sistemas Previsionales Provinciales”. No obstante, ese ítem ordena “colocar a todas las provincias en pie de igualdad en materia previsional” y promueve un “acuerdo con las provincias cuyos sistemas previsionales no fueron transferidos a la Nación a fin de compensar las eventuales asimetrías que pudieran existir respecto de aquellas jurisdicciones que sí” lo han hecho. Aquí parece que “armonización” es usado como sinónimo de igualar. 

Por ejemplo, para ATE, esta “armonización” implica una “extorsión” de no recibir fondos nacionales a los gobiernos provinciales para que "adecuen sus sistemas previsionales con el nacional, reduciendo los derechos vigentes en edad, movilidad, tasa de sustitución, años de aportes, etcétera, manteniendo las normas más desventajosas para las trabajadoras y trabajadores que se jubilen, perjudicando además a quienes ya se encuentren jubilados”. Por eso, desde esta organización pide la “eliminación” de este artículo. 

Para ATE, el saneamiento del IPS debe darse a partir de una política de pases a planta masivas para terminar con los contratos precarios (los cuales aportan a la ANSES) y la eliminación de las sumas salariales no remunerativas (que tampoco le suman al sistema), Esta postura es compartida mayoritariamente entre la dirigencia laboral. 

No es un dato menor que el decreto 730/18 es posterior a la Reparación Histórica y prevé “eliminar los mecanismos de penalización por no armonización” e invita a las provincias con regímenes previsionales no transferidos “a continuar con las modificaciones normativas que les permitan tener un Sistema Previsional Provincial equilibrado y sustentable en el tiempo”. 

Según los datos de 2019, ANSES paga 5,3 millones de jubilaciones y 1 millón 600 mil pensiones a un total de casi 7 millones de beneficiarios. El haber medio es de $17 mil. 

Además de Buenos Aires, 12 provincias continúan con regímenes previsionales propios: Córdoba, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.

En el caso del IPS, se calcula que hay 210 mil jubilaciones y 100 mil pensiones. La relación activo/pasivo es de 2,5 cuando lo recomendable sería 3,5. Con un traspaso impensado, la “armonización” podría darse por una modificación en la Legislatura. 

En las últimas horas, Santín confirmó que irá en busca de una ley pero en dirección contraria, para dotar de más recursos al Instituto. Los trabajadores quieren que Kicillof firme un compromiso por escrito sobre su política para el IPS. Fegeppba hizo una presentación en ese sentido esta semana. En definitiva, el IPS es deficitario y hoy depende de un salvataje. Pero para el futuro las opciones posibles parecen ser dos: sumar aportantes o adelgazar las condiciones de jubilación.