El fallo fue dispuesto por la Sala 2 de la Cámara de lo Contencioso Administrativo y Tributario que hizo lugar a un recurso de apelación del Ministerio de Educación de la Ciudad tras la decisión de la jueza Elena Liberatori de desestimar la validez del protocolo.

La ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, dijo que la medida tiene como objetivo evitar que las tomas de los colegios y preservar la integridad de los menores y el patrimonio edilicio.

"Lo que nosotros decimos es que tomar una escuela en democracia está mal. Estamos convencidos que el derecho a la protesta y al reclamo nunca puede estar por encima del derecho a la educación", dijo Acuña .

"En caso de que las familias decidan que lo que sus hijos están haciendo como medida de fuerza está bien, vengan a asentarlo por escrito a la escuela y sino que la dirección de la escuela lo deje asentado en un acta", precisó.

Explicó que a partir de eso, la información será transferida a la Procuración de la Ciudad que "podrá actuar en contra de los padres para hacerlos responsables por cualquier situación que suceda con los chicos y cualquier situación que se dé con el patrimonio".

Y afirmó que en caso de omisión igualmente la responsabilidad "sigue siendo de los padres y no puede dejar en escuela librada toda la responsabilidad".

Señaló que el protocolo tiene que ver "con una demanda concreta de las autoridades de la escuela que no tenían forma de actuar, que los perjudicaba porque son responsables patrimoniales y tienen responsabilidad civil sobre lo que pasa en la escuela".