El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este domingo que "todos" los 33 jueces designados por el Parlamento y cuyo nombramiento es desconocido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) "van a ir presos, uno por uno" y "a todos les van a congelar los bienes", después de que se denunciara la detención ilegal de uno de ellos.

"Esta gente que nombraron, usurpadores que andan por ahí, todos van a ir presos, uno por uno, uno detrás de otro. Todos van a ir presos y a todos les van a congelar los bienes, las cuentas y todo, y nadie los va a defender", dijo Maduro en su programa dominical de televisión.

La "privación ilegítima de libertad" de Ángel Zerpa, uno de los 33 magistrados nombrados el viernes pasado por la Asamblea Nacional (AN, parlamento unicameral), fue informada el sábado a la noche por el Ministerio Público (MP) en su cuenta oficial de Twitter. Según esa cartera, Zerpa fue capturado el sábado por la tarde en Los Cortijos, en el este de Caracas.

El presidente de la AN, Julio Borges, y el gobernador del estado Miranda y ex candidato presidencial, Henrique Capriles, ambos pertenecientes al partido opositor Primero Justicia (PJ), atribuyeron al gobierno el secuestro de Zerpa.

"Condenamos la detención arbitraria de los cuerpos de seguridad", escribió Borges en su cuenta de Twitter, y denunció "la persecución de la dictadura de Maduro a magistrados juramentados constitucionalmente por la Asamblea".

En tanto, Capriles sostuvo que el gobierno ordenó al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) que buscara y capturara a los jueces nombrados el viernes pasado por la AN para "ponerlos a la orden de Fiscalía Militar".

Asimismo, el primer vicepresidente de la AN, Freddy Guevara, del partido Voluntad Popular (VP), aseguró en conferencia de prensa que la desaparición de Zerpa es "un mensaje de retaliación" al MP, consignó el diario caraqueño El Nacional.

Antes de ser nombrado juez por la AN, Zerpa venía desempeñándose como uno de los abogados de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, una chavista que en los últimos meses manifestó fuertes disidencias con el gobierno de Maduro y quedó enfrentada al gobernante.

Por otra parte, Maduro acusó a los legisladores opositores de estar "cometiendo el error garrafal de crear un Estado paralelo, que es una barrabasada, una estupidez, una cosa de muchachos, de adolescentes políticos", al haber nombrado los magistrados.

Al elegirlos y tomarles juramento, la holgada mayoría opositora en la AN completó el viernes el proceso de nombramiento de 33 jueces -13 titulares y 20 suplentes- del TSJ para reemplazar a los que, en su opinión irregularmente, había nominado en diciembre de 2015 la mayoría chavista saliente del parlamento.

El TSJ, bajo control del chavismo gobernante, calificó como "nula e írrita" la designación de los nuevos magistrados y advirtió que éstos se expusieron a ser detenidos y acusados de usurpación de funciones y traición a la patria.

El máximo tribunal, a través de su Sala Constitucional, recordó a la AN que la declaró en desacato y determinó que todas sus sentencias son nulas.

La AN y el TSJ son precisamente las cabezas del conflicto de poderes en el que Venezuela se halla inmersa desde enero de 2016, cuando asumieron los diputados electos un mes antes y el parlamento quedó con mayoría opositora.

Fue la primera vez, desde que a comienzos de 1999 accedió al gobierno, que el chavismo perdió el control de alguno de los cinco poderes constitucionales de la república (Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral y Ciudadano o Moral).

Desde entonces, el chavismo recurrió al TSJ para neutralizar las acciones de la AN, primero mediante la declaración de inconstitucionalidad de sus leyes y resoluciones, y, luego, directamente al disponer que todas las decisiones del parlamento son nulas.

Paralelamente, la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) convocó para el miércoles y el jueves próximos a una huelga general por 48 horas, después de la medida similar por 24 horas realizada el jueves pasado.

La huelga forma parte de la llamada "hora cero", la escalada de la protesta puesta en marcha por la MUD el lunes pasado, un día después de la consulta popular no vinculante en la que 98 por ciento de los más de 7,5 millones de ciudadanos que votaron se pronunciaron contra la Asamblea Constituyente.

Venezuela, que enfrenta una crisis política, económica y humanitaria sin precedente, afronta desde comienzos de abril una ola de protestas casi cotidianas que dejaron un centenar de muertos y más de 1.500 heridos, según el MP, y más de 4.000 personas arrestadas, de acuerdo con la ONG Foro Penal Venezolano.