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6 de mayo de 2017

Solicitaron que se declare “inconstitucional” el 2x1 para los represores

La fiscal Ángeles Ramos requirió que no se libere a quienes cumplen penas por delitos de lesa humanidad. Hasta el reciente fallo de la Corte Suprema, este beneficio nunca se había aplicado

La fiscal Ángeles Ramos, titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad y la Unidad Especializada en casos de Apropiación de Niños y Niñas, requirió ayer que se declare la inconstitucionalidad del beneficio del 2x1 para condenados por delitos de lesa humanidad, al dictaminar sobre el pedido de excarcelación planteado por la defensa del represor apropiador de menores Víctor Alejandro Gallo. 

Ahora, se deberá aguardar la decisión del Tribunal Oral Federal 6, que se tomará cinco días para resolver al pedido, después del polémico fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), por el cual muchos represores podrían recuperar pronto su libertad. Cabe recordar que el pasado martes la CSJN falló a favor de conceder el beneficio al represor Luis Muiña, utilizando una ley que computaba doble los días en prisión sin condena firme, es decir, cuando la pena ha sido apelada. Muiña fue condenado en 2011 a 13 años de prisión por secuestro y torturas durante un operativo militar en 1976. 

“La conmoción causada en la sociedad radica en que se trata de un caso más que proyecta hasta hoy las huellas del trágico pasado reciente, cuando el Estado terrorista avasalló los derechos fundamentales, suprimiendo, para ello, las normas básicas de convivencia democrática.También en que luego, ya en democracia, los perpetradores consiguieron tener la impunidad por esos crímenes”, destacó la fiscal.

Además, Ramos añadió que “el argumento de la defensa es demostrativo del gravamen de esta parte y marca que la causa de inconstitucionalidad es actual y se proyecta hacia el futuro, porque impide que la pena se cumpla en su integridad, desnaturalizando el fin y sentido que ha tenido su imposición en la condena aplicada a Gallo, donde, además, se encuentra comprometida la responsabilidad internacional del Estado argentino”.

Gallo fue condenado por apropiarse de Francisco Madariaga durante la última dictadura militar, recibiendo la pena de 25 años de prisión. El represor era oficial de Inteligencia del Ejército argentino y en el año 1977 se llevó al bebé, que aún tenía el cordón umbilical, a su casa desde el centro clandestino de detención “El Campito”. La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo pidió ayer ante la Justicia que, en caso de que Gallo recupere su libertad, se incluya en el programa de protección de testigos al nieto recuperado por la organización. Madariaga sufrió dos incidentes cuando estaba en vísperas de conocer su identidad en el mismo momento en que su apropiador se enteró de la búsqueda que iniciaba.

Nuevos pedidos para acceder al polémico beneficio

La defensa del exmédico de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde funcionó uno de los mayores centros de detención, tortura y exterminio durante la última Dictadura Militar, Jorge Luis Magnacco, solicitó ayer al Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) que aplique el beneficio de la ley del 2x1 y lo deje en libertad condicional. 

El “obstetra de la ESMA” está condenado por el robo de bebés, y su abogado hizo el requerimiento en el marco del juicio oral y público denominado “ESMA III”, que inició en 2012 con 68 acusados.

También pidió el 2x1 el abogado del exmilitar Alejandro Lazo, que cumple una condena de 10 años de prisión por tormentos agravados, asociación ilícita y privación ilegítima de la libertad. Sin embargo, el Tribunal Oral Federal 5 denegó ayer la excarcelación al represor Héctor Giribone, constituyéndose en el primer caso de rechazo luego del cuestionado fallo de Corte Suprema.

Giribone es un exjefe del área de Inteligencia de la Escuela de Caballería de Campo de Mayo y apropiador de Pablo Gaona Miranda, delito por el cual fue condenado a 8 años de prisión por el robo y ocultamiento de identidad. Los jueces señalaron que lo que dictamina la Corte sienta jurisprudencia, pero no genera obligaciones para los Tribunales inferiores y que los crímenes que se le atribuyeron al condenado no son alcanzados por el 2x1 por estar vinculados al terrorismo estatal o porque no cesan en su comisión.

Protestas

Distintos organismos de Derechos Humanos y organizaciones políticas se han manifestado en repudio de la decisión, avalada por Elena Highton, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti. En disidencia votaron los jueces Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, quienes argumentaron que ese beneficio, además de que ya no está vigente, no es aplicable a los delitos de lesa humanidad.

 

En este marco, Tribunales fue el escenario ayer de un importante escrache a los jueces del máximo tribunal, que señal que “dependen del poder político de turno”. Además, distintas organizaciones realizarán el miércoles próximo una concentración en Plaza de Mayo, y el jueves marcharán desde el Congreso con el mismo propósito. Las movilizaciones se replicarían en varias provincias del país. 

Jorge Lozano aclaró que al invitar a reflexionar sobre los 70 “la Iglesia no busca el olvido”

El presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Jorge Lozano, clarificó ayer que “no está en el ánimo” de la Iglesia alentar una “mesa de diálogo” entre familiares de de­saparecidos y los que fueron represores. “Ojalá que quienes son acusados de delitos” de lesa humanidad “puedan arrepentirse y dar algunos datos” sobre el destino de sus víctimas, expresó monseñor. Además destacó que la idea no es “dar marcha atrás” con los juicios contra los militares que cometieron violaciones a los Derechos Humanos durante la última dictadura militar.

“La Iglesia no busca el olvido. Es algo que venimos diciendo desde diciembre de 2012. Hicimos una convocatoria para escuchar testimonios sobre la violencia política”, aseguró. “Los juicios deben continuar y respetarse las garantías constitucionales, garantías que no han tenido los que en la década del 70 fueron secuestrados, torturados y asesinados”, manifestó Lozano. Por otro lado, monseñor recordó que la Iglesia está trabajando en un “protocolo de acceso” para que “los familiares de desaparecidos o damnificados puedan solicitar la información disponible” sobre las víctimas y adelantó que esos datos estarán disponibles “si Dios quiere, en los próximos días”. Sin embargo, expresó que “nosotros no tenemos muchos datos porque la mayoría son cartas que los familiares nos han entregado, así que la familia ya tiene conocimiento de en qué fecha solicitó o también qué se respondió”.

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