El Gobierno de Mendoza presentó ante la Asamblea Legislativa un proyecto para modificar el régimen de ejecución penitenciaria y obligar a los presos a trabajar en los penales de la provincia.

El ministro de Seguridad de Mendoza, Gianni Venier, precisó a Cadena 3 que "el cobro se descontará para el pago de gastos de la víctima y en lo posible para el mantenimiento de su familia, que muchas veces es víctima".

Aclaró que el pago "será muy inferior a lo que puede cobrar una persona normal".

"Eso que las cárceles son fábricas de delincuentes queremos revertirlo, y el modo de revertirlo es con trabajo. Nos hemos cansado de mostrar antecedentes de personas que atrapamos por delitos, y todos tienen antecedentes. Significa que el sistema no funciona como tal, y contribuye a la inseguridad. Para cortar el círculo vicioso, el preso va a trabajar y devolver a la sociedad lo que hizo", afirmó.

En la misma línea, indicó que uno de los motivos de la inseguridad "es la carencia de reinserción, porque los presos tienen todo el tiempo ocioso en la cárcel", y marcó que, entonces, "quien viene con experiencia de delito la continúa, y quien no, se adecúa al sistema".

El funcionario explicó que a los pedidos de libertad o mejoramiento de la condena, que existen desde la mitad de la misma, buscan que no lo resuelva por escrito un fiscal, sino que "lo convertimos en una audiencia pública, donde estará el juez de ejecución, el imputado, que pide lo que tenga que pedir, y notificamos a la víctima para que sea parte, que puede elegir ir o no".

Destacan que favorece a la "dignidad" de los presos
El procurador de la Corte, Alejandro Gullé, por su parte, apoyó la iniciativa y dijo: "Entiendo que es positivo en términos de dignidad de los internos".

"Estudiar y trabajar los eleva. La única posibilidad de reinserción social que tienen es por trabajo y estudio", aclaró.

El trabajo podría formar parte del análisis de conducta y, de esta manera, reducir su pena.

Informe de Facundo Dimaría y Luis Omar Castro