El Cuerpo de Peritos contadores de la Corte Suprema de Justicia señaló que "no aparece justificado ni el patrimonio de Milani, ni sus consumos" a la par que "la ecuación ingresos contra inversiones y compras, de acuerdo a la documentación aportada, es inconsistente".

La denuncia contra Milani se inició en 2013 y desde entonces el juez había pedido estudios contables: el primero lo hizo la División Delitos Económicos de Prefectura Naval, cuyas conclusiones –según indicaron fuentes del caso- fueron un tanto contradictorias.

Por ello, el año pasado el fiscal del caso, Jorge Di Lello, había pedido un nuevo informe el que fuera elaborado por la Procuraduría Contra el Lavado de Activos (PROCELAC).

Luego se ordenó un tercer peritaje en el cual intervinieron los peritos contables de la Corte, Oscar Fernández, Rubén Pappacena y Abel Britos, los que sostuvieron que "no aparece justificado ni el patrimonio del señor Milani, ni sus consumos, esto es, los importes mínimos que hubiera necesitado para atender sus necesidades personales y las de su familia".

"Milani no puede justificar la compra del inmueble sito en calle O’Higgins 3636, entre Blanco Encalada y Acceso Norte, de la localidad y partido de San Isidro", determinaron los expertos en torno a la vivienda de 1150 metros cuadrados por la cual el militar abonó la suma de 1.500.000 de pesos en efectivo.

En su descargo, el ex jefe del Ejército dijo que había recibido un préstamo del militar Eduardo Enrique Barreiro para comprar la vivienda, aunque los peritos advirtieron que ese préstamo "no fue incluido por ninguna de las partes en sus declaraciones ante los organismos de control" y el acuerdo que lo instrumentó "no reúne los requisitos mínimos de fecha cierta, ni autenticación de los firmantes".

En tanto, al no haber entregado los peritos de parte de la defensa sus conclusiones en disidencia con la pericia oficial, Rafecas les notificó que lo hagan en el plazo de 24 horas, tal cual se prevé en las normas procesales.