Así lo reveló el periodista Agustín Marco en un artículo publicado el 8 de julio del año pasado en El Confidencial, de Madrid.

Hacia esa fecha, el holding español se había declarado en concurso de acreedores, luego de reconocer su insolvencia.

La publicación refiere al “relato, basado en hechos reales”, que un ejecutivo ejecutivo de la empresa remitió en 2016 al canal de denuncias e investigaciones internas del grupo. El documento al que accesió El Confidencial cuenta con detalles “el sistema de sobornos y prebendas que el grupo español tenía instalado en Buenos Aires y que daba servicio a los proyectos en Latinoamérica”.

El informe describe cómo Juan Carlos Goycoechea, el máximo responsable de Isolux en Argentina, creó una empresa llamada GVA que “sólo era una fachada montada para hacer pagos a funcionarios del Ministerio de la Planificación Federal en relación a la construcción de una central eléctrica en el sur del país, cerca del yacimiento de carbón Río Turbio”. Entre los mencionados figuran Christian Manrique Valdor y Fernando Passini, señalados como dirigentes de La Campora, agrupación a la que caracteriza como “el ala dura del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner”.

El informe refiere que el personal de Isolux, incluido el director financiero administrativo, Marcelo Delfino, estaban a las órdenes de Goycoechea, que “atendía a las instrucciones de los funcionarios del Ministerio (de Planificación) por encima de las órdenes de los responsables nombrados por el presidente de Corsan-Corviam”, Luis Delso. 

Según cita El Confidencial, en un cruce de mails, el 'controller' de los gastos de la filial le indica a Delfino:  “Marcelo, el dinero es de la empresa y no del Ministerio, y tengo entendido que ellos no deciden los pagos”. EL ejecutivo le responde que, “si bien ellos no los deciden, hacer pagos sin su consentimiento trae problemas".

El dosier explica que “se detectaron muchos contratos que corresponden a compromisos políticos”, asunto sobre el que se incorpora una tabla con la lista de subcontrastistas, sus intermediarios y el contrato que se llevaron.

Añaden que “entre los lobistas estaba el viceministro Roberto Baratta –en favor de Siemens– y entre los favorecidos, una empresa –JISA– propiedad del hijo del polémico ministro Julio De Vido. La Fiscalía Anticorrupción argentina ha pedido esta semana la detención de ambos por desvíos millonarios en la central térmica de Río Turbio”.

 “Acá me han dicho que alguien ha tenido la imprudencia de decirle a Ivovich que se tiene que ir y que deje el árido, no sé si es así, pero deben enterarse que el socio de Ivovich es el hijo del ministro De Vido, con lo cual hay que tratarlo entre algodones para no tener un rollo inmediato”, se indica en otro de los correo electrónico.

El articulista consigna que “lo cierto es que esta compañía, tras amenazar con dejar los trabajos, se quedó con la contrata por tres veces el precio normal de mercado”.

Más adelante señala que “el resultado de todo fue que, cuando la presidenta del país (Cristina Fernández de Kirchner) acudió en 2015 a la inauguración de la primera parte de la central térmica, explotó un condensador de la caldera central, lo que tuvo graves consecuencias para la obra. La adjudicación pasó de tener un beneficio previsto de 12 millones de euros a unas pérdidas estimadas de 268 millones por todos los sobrecostes “No se me escapa que la obra era un puto desastre… Es una bomba de tiempo que, si estalla, se carga a la compañía a nivel mundial”, se asevera en el intercambio de ‘mails’.

Marco concluye diciendo que “el denunciante acabó despedido, pero tras su informe al consejo de Isolux, Fernández Cuesta destituyó esta primavera a toda la cúpula de la filial en Argentina, a la que se le reclaman en el juzgado varios millones presuntamente robados a la compañía. Un pleito que ahora tendrán que gestionar los administradores concursales porque el grupo por proyectos como el de Río Turbio y otros en Colombia”.