La Oficina Anticorrupción (OA) permitió este martes que parte del acuerdo entre YPF y Chevron por el yacimiento petrolífero Vaca Muerta permanezca en secreto, luego de que el titular de la firma argentina, Miguel Galuccio, le fundamentara "razonablemente el alcance de las excepciones invocadas".

"A criterio de esta Oficina, YPF ha fundamentado razonablemente el alcance de las excepciones invocadas. En virtud de lo informado, la cuestión se encuentra sometida a consideración de la Justicia en lo Contencioso Administrativo", afirmó la titular del organismo, Laura Alonso, a través de la nota número 602/16, con fecha del pasado lunes.

El dictamen de la ex diputada nacional se dio luego de que el pasado viernes mantuviera un encuentro con Galuccio, así como también con el gerente de Finanzas de YPF, Daniel González, y con el vicepresidente de Servicios Jurídicos, Germán Fernández Lahore.

En esas reuniones, los representantes de la petrolera argentina "expusieron los motivos por los cuales la información contenida en el acuerdo con Chevron afectaría el interés público y privado. Además, se expuso una presentación en formato digital con el objetivo de facilitar la comprensión de la postura de la empresa".

Las razones expuestas por los gerentes de YPF fueron que, al hacerse pública la totalidad del acuerdo para explotar el yacimiento ubicado en la provincia de Neuquén, se difundirían a otras petroleras información sobre posibles áreas de exploración.

"Una decisión administrativa nunca está por encima de un fallo de la Corte. Además, hay que leer el fallo de la Corte, que dice que a YPF le rige el decreto 1172/2003. Eso es muy bueno y un avance", afirmó la funcionaria.

En ese sentido, agregó que ese decreto "establece un capítulo de 'Excepciones', como todas las normas en la materia a nivel internacional".

A través de su cuenta de Twitter, Alonso manifestó que "la OA entiende, después de ver la documentación que YPF presentó al juzgado, que se aplican algunas excepciones al contrato. El caso de acceso a la información planteado es interesante y será de aprendizaje para el debate por la ley".

La intervención de oficio de la Oficina Anticorrupción se originó en febrero pasado, ya que es la autoridad de aplicación del decreto de Acceso a la Información Pública.

Tras la firma del acuerdo, el diputado santafecino Rubén Giustiniani había reclamado que se difundan los detalles, ante lo cual un fallo judicial había obligado a YPF a informar de manera parcial el documento rubricado con la petrolera estadounidense.

Sin embargo, la Justicia le había permitido que resguardara lo que, a entender de la empresa mixta de origen argentino, fueron cláusulas de confidencialidad.

Posteriormente, la Corte Suprema le había dado la razón al referente socialista y ordenado la difusión de las cláusulas secretas del contrato, aunque YPF luego presentó un amparo para solicitar que sólo la Justicia sea quien reciba esos datos.

Ahora, la decisión se encuentra en manos de la Justicia en lo Contencioso Administrativo.

"La OA sólo emitió una opinión administrativa después de que YPF explicara sus argumentos. Es la Justicia la que debe decidir", concluyó Alonso.