La policía brasileña condujo ayer al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva de su casa a una comisaría para interrogarlo por cerca de cuatro horas en relación con el escándalo de corrupción de la petrolera Petrobras, en el que se han visto involucrados algunos de los legisladores y empresarios más poderosos del país.

El popular ex presidente, quien gobernó de 2003 a 2010, criticó airadamente la operación policial, la cual calificó como parte de una campaña para manchar su imagen, la de su partido y la de su sucesora, la presidenta Dilma Rousseff.

La policía se presentó cerca de las 6 de la mañana en el domicilio de Lula en las afueras de San Pablo, y condujo al septuagenario a una dependencia de la policía federal en el aeropuerto de Congonhas.

Lula fue dejado en libertad luego de alrededor de cuatro horas de interrogatorio, luego de que se aclarara que si bien fue llevado con auxilio de la fuerza pública nunca estuvo detenido.

ALLANAMIENTOS

La policía también allanó la sede de su Instituto Lula, una organización sin fines de lucro, y otras propiedades conectadas a sus familiares. Uno de sus hijos también fue interrogado.

El procedimiento policial generó tensiones y se produjeron algunos enfrentamientos entre partidarios y detractores de Lula afuera de varios sitios en los que la policía realizó allanamientos.

Tras su liberación, sus simpatizantes lo vitorearon afuera de su vivienda para darle la bienvenida.

El juez Sergio Moro, quien dirige la investigación sobre Petrobras, dijo que permitió que la policía trasladara a Lula por razones de seguridad, debido al temor de que manifestaciones pudieran complicar los planes para interrogarlo.

También estipuló que la policía no debía esposar ni filmar al ex mandatario.

Funcionarios dijeron que están investigando ingresos por 30 millones de reales (8,12 millones de dólares) en pagos por discursos y donaciones realizados al Instituto Lula por empresas de construcción que son actores clave en el caso de corrupción de Petrobras.

“INVESTIGADOS”

También investigan si algunas renovaciones y otras obras efectuadas en una casa de campo y un departamento frente a la playa utilizados por Lula y su familia fueron favores recibidos a cambio de beneficios políticos.

“Nadie está exento de ser investigado en este país”, dijo el fiscal Carlos Fernando dos Santos Lima. “Cualquiera en Brasil está sujeto a investigación cuando existen indicios de un crimen”. Fiscales que investigan el caso dicen que empresarios pagaron más de 2.000 millones de dólares en sobornos para hacerse de contratos que otorgaba Petrobras. Parte del dinero, dicen los investigadores, terminó llegando a los partidos políticos, incluyendo el Partido de los Trabajadores, al cual pertenecen Lula y Rousseff.

Algunas de las personas más ricas de Brasil, incluidos los directores de las principales compañías de construcción, fueron detenidas como parte de la pesquisa, así como decenas de políticos tanto de la coalición de gobierno como opositores.

El jueves, la Corte Suprema autorizó que se levantaran cargos contra Eduardo Cunha, presidente de la cámara baja del Congreso y líder en los esfuerzos para llevar a juicio político a Rousseff.