Según el documento que publicó ayer El Cronista, el hijo de la Presidenta incluyó 28 inmuebles y dos motos; numerosas cajas de ahorro y cuentas corrientes, todas en pesos; y participación en cuatro empresas, que son las que le prestaron plata. También le debe a la AFIP. Y ganó casi $ 3 millones exentos de Ganancias.

Su fortuna alcanza los 36 millones de pesos, aunque también tiene deudas por $ 2,5 millones, fundamentalmente con empresas propias pero también con la AFIP y Austral, la constructora de Lázaro Báez.

En su primera declaración jurada, Máximo declara 28 inmuebles, entre lotes, casas, departamentos y locales. Pero sólo es completamente dueño de dos de ellas: una casa de 332 metros cuadrados en Río Gallegos valuada en algo más de un millón y medio de pesos y un lote de 35.022 metros cuadrados en El Calafate, valuado en $ 292.697.

De otras 25 propiedades -todas producto de la herencia familiar- tiene un 25% (otra parte similar, en principio, le corresponde a su hermana Florencia y el restante 50%, a su mamá, la Presidenta); y de una más es dueño de un 12,5%.

El candidato a diputado tiene además dos motos, ambas marca Honda modelo CRV; de una de ellas, del año 2008, es dueño del 100% (valuada en $ 185.000) y de la otra, del 2009, sólo del 25% porque también es parte de la herencia que recibió tras el fallecimiento de Néstor Kirchner.

Máximo declara además ser parte de tres empresas. En las tres, tiene una participación de un centavo pagada por ingresos propios, pero una porción mucho mayor producto de la herencia: de apenas más de tres millones de pesos en Los Sauces; de $ 55.164 en CO.MA.; y de algo más de cinco millones de pesos en Hotesur, la administradora del hotel familiar Alto Calafate, envuelto en una investigación judicial por los negocios con el empresario Báez.

Sobre Hotesur, cabe recordar que esta semana la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia rechazó por “inadmisible” un recurso de la defensa de Lázaro Báez para que la Cámara de Casación revise la negativa a que esa causa pase a la Justicia de Santa Cruz.

Sin embargo, las alternativas de Báez para seguir buscando que la causa se vaya al sur no terminaron: aún puede recurrir en queja ante Casación, mientras que está pendiente la resolución de la Cámara Federal porteña sobre si, a su criterio, el expediente debe quedarse en los tribunales de Comodoro Py.

Ante ese escenario, fuentes judiciales señalaron que será inevitable la intervención de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, que -desde la semana pasada- tiene una composición nueva.

El caso “Hotesur” se inició en noviembre pasado por una denuncia de la diputada Margarita Stolbizer, que detectó supuestas irregularidades en la documentación contable de la familia presidencial vinculada a sus negocios hoteleros. Báez, involucrado en la causa, solicitó que el caso fuera tramitado en la Justicia de Río Gallegos, pero en agosto pasado la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia entendió que el caso correspondía a los tribunales porteños. Ahora, los camaristas Hebe Corchuelo, Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez ratificaron esa decisión.