historia es la base de la película El Clan, dirigida por Pablo Trapero, y que es furor: ya la vieron casi un millón de espectadores en diez días. Pero el caso es tan sorprendente como la película: de los siete integrantes de la banda comandada por la familia Puccio, condenados por cuatro secuestros y tres asesinatos, sólo uno sigue en prisión. Y no por esos crímenes, sino por una estafa.

A tres décadas de las detenciones del grupo que usaba una vieja casona del centro de San Isidro como base de operaciones para secuestrar y matar, ninguno de los condenados terminó de cumplir tras la rejas las sentencias a reclusión y prisión perpetua.

Aunque el jefe de la organización, Arquímedes Puccio, recibió una pena similar a la de Carlos Robledo Puch, el asesino serial más sanguinario de la historia argentina, murió fuera de la cárcel. El panorama de "libertad" se repitió al revisar la situación procesal de cada uno de los personajes de la siniestra familia.

Alejandro Puccio, hijo de Arquímedes, ex jugador del CASI y los Pumas, condenado a prisión perpetua por secuestro y asesinato, murió en 2008, ocho meses después de quedar en libertad. Estuvo preso 19 años.

Arquímedes fue beneficiado con el arresto domiciliario en 2008 y murió en la pensión en la que vivía en General Pico, La Pampa. Había pasado 23 años en prisión.

Epifanía Ángeles Calvo, esposa de Arquímedes y madre de los hermanos Puccio, pasó dos años detenida. Fue liberada en octubre de 1987. Estuvo procesada, pero nunca fue condenada. Una sala de la Cámara del Crimen consideró que no había suficientes pruebas contra ella. Dejó de vivir en San Isidro. El resto de los Puccio que siguen vivos dejaron de usar el apellido. La Justicia comprobó que Adriana y Guillermo, los hijos menores del clan no tuvieron ninguna particiapación en los secuestros.

Roberto Díaz fue condenado a reclusión perpetua como coautor de homicidio calificado en concurso ideal con secuestro extorsivo. Al borde de la fosa que excavó el albañil Herculiano Vilca, fue él quien disparó el tiro de gracia contra Eduardo Aulet, una de las víctimas del clan. En 2006 fue beneficiado con la prisión domiciliaria, tras 21 años en la cárcel.

Vilca, condenado como partícipe necesario, pasó siete años detenido en la cárcel de Caseros, y salió en libertad el 11 de noviembre de 1994. No pagó fianza: la Justicia le impuso sólo una caución juratoria. Gustavo Adolfo Contepomi, acusado de ser el entregador en el secuestro de Aulet, fue detenido el 7 de noviembre de 1985, compartió prisión con Vilca y murió en la cárcel de Caseros el 3 de agosto de 1994.

Si bien formaba parte de la banda, al coronel del Ejército (R) Rodolfo Victoriano Franco lo favoreció no llevar el apellido Puccio. Así fue como la decisión judicial que le otorgó el arresto domiciliario pasó inadvertida y el 18 de julio de 1998 fue trasladado a su casa para cumplir prisión domiciliaria. En el expediente se probó que su arma fue la que se utilizó para matar a Emilio Naum, asesinado en 1984 a pocos metros de avenida del Libertador y Austria al resistirse a que lo secuestraran. Sólo estuvo detenido 13 años.

Daniel Puccio, conocido en el ambiente del rugby como "Maguila", por su aspecto robusto, y tres años menor que Alejandro, fue apresado cuando pretendía cobrar el rescate que pedía la banda para liberar a Nélida Bollini de Prado. Aunque fue condenado a 14 años de cárcel como partícipe secundario en el secuestro, sólo pasó tres años detenido. Fue liberado por la aplicación del principio de la ley más benigna que permite a los acusados que su proceso sea regulado por la norma legal que más lo favorece, aunque no estaba vigente en el momento en que cometió el delito. Recurrió entonces al Pacto de San José de Costa Rica, incorporado en la reforma constitucional de 1994, que estableció que nadie puede pasar detenido más que un tiempo razonable sin tener una condena firme.

Cuando la sentencia fue confirmada y la Justicia ordenó su detención, "Maguila" ya había abandonado el país. Nunca fue detenido. Después de 12 años se presentó en los tribunales y logró que le dieran un oficio en el que se dejó constancia de que la causa en su contra había prescripto, y así el pedido de captura en su contra quedó sin efecto. Siempre se sospechó que "Maguila" se había refugiado en Brasil, aunque ni la policía ni la Dirección de Migraciones registraron su salida del país.

De no haber sido porque fue acusado de cometer una estafa, Guillermo Fernández Laborda, otro integrante de la banda, estaría en libertad, a pesar de que lo condenaron a reclusión perpetua. Estuvo 20 años preso. Lo liberaron el 23 de marzo de 2007, pero fue apresado nuevamente el 21 de diciembre de ese año por una supuesta defraudación. Desde entonces está detenido en una cárcel porteña.

"Pasaron 30 años y el Estado no pudo reparar el daño sufrido por los familiares de las víctimas que, en la actualidad, sólo pueden recordar a sus seres queridos, mientras que los responsables recuperaron la libertad merced a legislaciones permisivas, el 2 por 1 y la aplicación de la norma del tiempo razonable de prisión preventiva", dijo el juez Luis Cayuela, integrante de la Cámara de Apelaciones.

De no haber sido por dos mujeres, la banda de los Puccio no habría sido condenada por los homicidios y secuestros. Rogelia Pozzi, mujer de Aulet, estudió Derecho y como abogada trabajó para conseguir las pruebas y lograr que la Justicia condenara a los asesinos de su esposo. En eso estaba cuando obtuvo el dato de que uno de los detenidos quería hablar.

En 1988, Díaz confesó ante el juez federal de San Isidro, Alberto Piotti. Con su declaración, los investigadores tuvieron elementos para relacionar a la banda acusada del secuestro de Bollini de Prado con los asesinatos de Naum, Aulet y Ricardo Manoukian.

La jueza federal María Servini de Cubría fue la otra mujer clave para poner al descubierto a la siniestra familia. Siguió la pista de las llamadas que hacía Arquímedes con el fin de pedir el dinero para liberar a Bollini de Prado, y decidió "cortar" al cobrador para que dijera dónde tenían cautiva a la mujer