A pedido del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta y por orden de la jueza de Garantías Marcela Garmendia, los operativos se realizaron en 144 entre 44 y 45, en 22 entre 36 y 37 y otros cuatro en Arturo Seguí, e incluían pedidos de detención para al menos siete sospechosos.

Según fuentes oficiales, durante los allanamientos se procedió a la detención de cinco personas, dos hombres y tres mujeres. En el lugar se procedió al secuestro de teléfonos celulares, dinero en efectivo, dólares, tarjetas de crédito, dispositivos móviles y de almacenamiento y tickets de extracciones bancarias, todo material que puede resultar útil para la investigación.

Los detenidos fueron identificados como: - Alberto Martín Acevedo, argentino de 34 años - Benjamin Ezequiel Benítez Fredes, argentinos de 28 años 282 30/10/2018

 Jésica Cabrera, paraguaya de 27 años - Laura Alejandra Estrella, argentina de 42 años 

María Asunción Cabrera, paraguaya naturalizada. Por estas horas la justicias busca corroborar si tres de los detenidos se desempeñaban como empleados de la repartición estafada, aunque fuentes de Recursos Humanos del Ministerio de Educación manifestaron  que la única persona que mantiene un vínculo contractual con el organismo es Acevedo.

 Desde la misma dependencia expresaron que se sospecha de otras dos personas, que no fueron detenidas, habrían "prestado su nombre", con lo que se estiraría a siete el número de personas implicadas en esta presunta maniobra fraudulenta. La causa se inició a partir de una denuncia formulada en el mes de septiembre según la cual un empleado del organismo, del área de Contralor Docente, ingresaba periódicamente con su clave del sistema informático servicios de personal educativo de al menos seis personas, quienes mensualmente percibían, tanto en forma retroactiva como continua, ingresos por servicios que nunca prestaron. Según la investigación, esto se habría estado dando durante 2017 y este año también, en lo que constituiría una defraudación contra las arcas públicas por casi $3.500.000.

Las personas a las que se les hacía cobrar figuraban como personal activo y percibían el dinero a través del sistema de ticketera del Banco Provincia, según el cual no se requiere la apertura de una cuenta bancaria y sólo basta que el beneficiario se presente con su documento para cobrar. Según se supo, para que una persona esté habilitado a percibir dinero de esa forma depende de manera exclusiva de estar en la nómina que todos los meses la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense envía al banco, tarea que tenía a su cargo el sospechoso de liderar la asociación ilícita. Al parecer, las personas que integraban la banda eran familiares o se conocían entre sí y percibían periódicamente un sueldo, adicionales y bonificaciones, tanto para ellos como para la organización que integraban. “La modalidad de esta banda era acompañar a la persona que cobraba en ventanilla, le daban un pequeño porcentaje y se quedaban con la mayoría del dinero”, indicó uno de los investigadores que intervino en la labor. Si bien la investigación está centrada en que esta defraudación se viene cometiendo desde el año pasado, no se descarta que el ilícito haya comenzado con anterioridad ya que hasta el momento no se logró determinar el origen preciso de la maniobra, que acumula al menos 106 hechos consumados.