El gobierno bonaerense dispuso que los municipios deberán rendir cuentas mensualmente sobre los avances en las obras públicas financiadas por la Provincia y supeditó a ese control la entrega de nuevos fondos. 

Así quedó establecido en una resolución publicada ayer en el Boletín Oficial del distrito, elaborada por los ministros de Economía, Hernán Lacunza, y de Infraestructura y Servicios Públicos, Roberto Gigante. La norma dispone que los municipios tendrán que “acreditar el correcto avance de obra o de los programas correspondientes”. 

El itinerario de cada distrito implicará “presentar mensualmente -plazo contado a partir del inicio de la ejecución de los trabajos-, ante la repartición competente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, la documentación que acredite el avance, la cual debe estar debidamente refrendada por el intendente del municipio y por el secretario de Obras Públicas municipal”.

“Una vez controlados los requisitos formales anteriormente mencionados por la repartición competente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, se remitirán los actuados al Ministerio de Economía a efectos de cumplimentar el pago correspondiente”, detalla la resolución difundida ayer en el Boletín Oficial bonaerense.

Un objetivo primordial para Vidal

La realización de obras y la posibilidad de que cada municipio pueda brindar mejores condiciones de infraestructura a sus ciudadanos fueron los puntos principales que la gobernadora María Eugenia Vidal trazó en el inicio del año. En ese sentido, la Provincia contempla destinar 29.000 millones de pesos hacia las diferentes intendencias. Asimismo, fueron unos de los temas fundamentales para el ministro de Economía, Hernán Lacunza, a la hora de discutir el Presupuesto 2017 a fines del año pasado. 

En el marco de la Asamblea Legislativa desarrollada el 1º de marzo, la mandataria provincial había afirmado que “los 135 intendentes recibieron fondos provinciales para empezar obras para los vecinos”. A su vez, había resaltado que esas obras “son calles que estaban rotas y hoy se están arreglando, son plazas con nueva iluminación, más seguras para que las familias puedan disfrutarlas, son obras hidráulicas que tienen un impacto más directo en el día a día de las personas”. La nueva medida adoptada por la administración provincial responde a poder seguir concluyendo estas obras y que el dinero destinado para las mismas no sea derivado a otros fines. 

En ocasión de aquella apertura de sesiones ordinarias de la Provincia, Vidal también había advertido que “los fondos provinciales no son para someter a los enemigos o acompañar a los amigos”, sino que, por el contrario, “el intendente que se preocupa por su gente y conoce sus problemas tiene que poder gestionar y disponer de los recursos sin importar el color político”.

Las tareas en la región

La ciudad de la Plata no será la excepción y, al finalizar el año, el intendente Julio Garro deberá haber acreditado al Estado provincial el avance de obras por un monto superior a los 241 millones de pesos. 

Esos fondos serán utilizados principalmente para realizar mejoras en el trazado urbano y disponer de mayores medidas de seguridad. En este sentido está prevista la puesta en valor de distintos tramos de las avenidas 66 y 7, la remodelación y puesta en valor de tramos correspondientes a calle 8, calle Cantilo y transversales, diagonal 92, diagonal Bell, calle 12 y avenida 137.

También se destinarán recursos para la reconversión a la tecnología led de los principales accesos a la ciudad y de la avenida 60, desde calle 1 hasta Plaza Rocha. Asimismo está prevista la instalación de 10 nuevos centros de monitoreo barriales en distintas plazas del Casco Urbano. 

Gobernadores, sin el control de los recursos para vivienda

El Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda pondrá en marcha en los próximos meses un mecanismo que contempla la cancelación de pagos a los contratistas de las obras de manera directa por parte del Estado nacional, sin la necesidad de pasar por las provincias. 

De este modo, el Gobierno nacional dejará a los gobernadores sin el control de los fondos para viviendas, que este año rondarán los 19.000 millones de pesos.

En la actualidad, una vez que los recursos para pagar obras entran a las cuentas provinciales, los gobernadores tienen un importante grado de discrecionalidad para definir el destino de ese dinero.

Si bien existen controles nacionales, es habitual que una provincia que enfrenta una emergencia económica o financiera use los recursos que le giró la Nación para pagar esos gastos corrientes antes que para cancelar las cuotas por el avance de las obras.

El Gobierno avanzará con la medida en los próximos meses, bajo la premisa fundamental de que esta instrumentación da mayor seguridad de que las obras se ejecuten. De todo modos, el Ejecutivo no aplicará la medida antes de las elecciones, para evitar un choque adicional con los gobernadores.