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16 de febrero de 2017

La imputación a Macri por Hernán Andrés Kruse

El acuerdo entre el gobierno y el Grupo Macri por la deuda del Correo Argentino no le está saliendo gratis, políticamente hablando, al presidente de la nación...

El fiscal Juan Pedro Zoni acaba de impulsar una acción penal en su contra, justo en un año trascendente para el futuro de Cambiemos. También fueron imputados el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, y el director de asuntos jurídicos de ese ministerio, Juan Mocoroa. Ahora, el juez federal Ariel Lijo deberá decidir si responde afirmativamente a lo solicitado por el fiscal, al tiempo que pidió la declaración del secreto de sumario. El frente judicial se le complica cada vez más al presidente de la nación. Consciente de ello, el gobierno volvió a justificar el acuerdo que, según los cálculos de la fiscal Boquín, representa una quita del 98,87 por ciento de la deuda a valores actuales que tiene el clan Macri con el Estado (todos nosotros). Ayer (martes 14) la Quinta de Olivos fue escenario de una conferencia de prensa de la que participaron el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad. En dicha conferencia, Marcos Peña anunció que el gobierno pediría a la Auditoría General de la Nación una opinión formal sobre el tema. Oscar Lamberto, presidente de ese organismo, respondió que la Auditoría no depende del Poder Ejecutivo y no hace auditorías por pedido expreso del presidente. El gobierno expresó que la auditoría será impulsada por legisladores del oficialismo. Mientras tanto, sectores de la oposición pretenden citar al señor padre del presidente, a Laura Alonso, secretaria de Lucha contra la Corrupción, y el propio Aguad, para que den las explicaciones correspondientes.

Luego de conocerse el dictamen de la fiscal Boquín, se presentaron varias denuncias penales. Dos están en manos del juez Lijo, la tercera cayó en el juzgado de Canicoba Corral y la cuarta, en el juzgado de Martínez de Giorgi. El fiscal que interviene en las denuncias presentadas por el abogado Daniel Igolnikov y los dirigentes Gabriela Cerruti y Martín Sabbatella, es el fiscal Zoni. Los dirigentes de Nuevo Encuentro y el abogado Igolnikov acusaron a los funcionarios de los presuntos delitos de fraude en perjuicio de la administración pública y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas. Por su parte, Zoni imputó al presidente, a Aguad y a Mocoroa “sin perjuicio de que individualicen a otras personas como partícipes de los hechos investigados”. Según el fiscal, el gobierno de Cambiemos le perdonó al clan Macri casi el 99 por ciento de la deuda que tenía con el Estado (con todos nosotros). “El mismo Gobierno, con cuatro meses de diferencia, aceptó como deudor pagar un interés en dólares del 350 por ciento en un solo pago al contado y sin riesgo de quiebra, mientras que como acreedor aceptó cobrar una deuda en pesos, con un 100 por ciento de interés, a 17 años y cuando tenía la posibilidad legal del rechazo y seguir obstruyendo la aprobación del concurso”, señaló. Para Cerruti y Sabbatella, habría que investigar si el presidente de la nación, que en 2009 decidió ceder las acciones de la empresa a sus hijos, no se habría quedado con el usufructo de dichas acciones, con lo cual no sería descabellado suponer que sería el propio Mauricio Macri el beneficiario de la quita de la deuda. “Los hijos de Mauricio Macri no participan ni económica ni jurídicamente de la empresa. El verdadero jefe de Socma es Mauricio Macri”, sostienen los dirigentes de Nuevo Encuentro.

Teniendo como basamento los argumentos de los denunciantes, el fiscal Zoni consideró que estaban dadas todas las condiciones para impulsar la acción penal “con el objeto de iniciar una investigación criminal tendiente a corroborar la existencia de conductas delictivas estrechamente vinculadas al proceso concursal caratulado “Correo Argentino s/ Concurso preventivo”, cuya duración ya superó los quince años y en el cual se observa un perjuicio patrimonial multimillonario en las arcas del Estado y en el patrimonio de los acreedores minoritarios”. “Se deberá verificar las responsabilidades penales que podrían caberle a los distintos actores-funcionarios públicos o particulares-que intervinieron-de forma directa o indirecta-a lo largo de la totalidad de la tramitación del proceso judicial aludido, en el cual se observa que el interés público no habría sido protegido de forma adecuada”, señaló el fiscal. Respecto a las irregularidades indicadas por la fiscal Boquín, dijo que “no debe soslayarse el extenso plazo que se ha devengado desde la verificación del crédito por parte del Estado, la manipulación de las mayorías en perjuicio de los acreedores, la recategorización extemporánea y la reapertura del período de exclusividad cuando ya llevaba tres años y medio de vencido, el cambio de estrategia de defensa del Estado Nacional, mediante el cual se prestó conformidad a una propuesta abusiva que implicaría un perjuicio fiscal, la cual a su vez se materializó a través de la intervención de un funcionario que carecería de competencia para ello y designado con carácter transitorio” (Mocoroa)”. Sobre el conflicto de intereses, destacó que Mocoroa “desarrolla sus funciones a través de una cadena jerárquica que lo vincula con el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, quien a su vez resultaría beneficiario-de forma directa o indirecta-de la sociedad concursada y por ende del acuerdo suscripto por aquél” (fuente: Werner Pertot, “Un curreo que le puede terminar costando bastante caro”, Página/12, 15/2/017).

En su edición del miércoles 15, La Nación publicó un artículo de Morales Solá titulado “Faltó sensibilidad política para anticipar el conflicto”, en el que se burla descaradamente de los argentinos ya que tiene el tupé de decir que mientras la Justicia no lo decida no se puede afirmar tajantemente que el presidente decidió favorecer a su señor padre. Dice Morales Solá: “De poco vale ya la opinión de los expertos o la investigación técnica sobre el proyecto de acuerdo entre el Estado y la familia Macri por la deuda del Correo que arrastran desde 2001. Ese acuerdo se convirtió en un problema político espoleado por el duro dictamen de la fiscal Gabriela Boquín” (…) “Vale la pena, por ende, resaltar los trazos fundamentales del conflicto. Son éstos: 1) La reestatización del Correo sucedió en el año 2003, poco después de que los Kirchner accedieran al poder. El Correo significó para la familia Macri un negocio ruinoso con pérdidas de muchos millones de dólares. En junio del año pasado, el Estado y 600 acreedores más (el jefe del Estado era ya Mauricio Macri) llegaron a un acuerdo con el Grupo Macri por el cual se le cobraban a éste la deuda original, unos 300 millones de pesos, e intereses que significarían al final unos 600 millones” (…) “La empresa creada por la familia Macri para administrar el Correo se encontraba en concurso de acreedores desde 2001” (…) “El proyecto de acuerdo, que debe ser homologado por la Justicia, no previó el compromiso de Franco Macri de retirar los juicios que él interpuso en su momento contra el Estado” (…) 2) “Durante doce años de gobierno, el kirchnerismo no hizo nada para cobrar esa deuda del Grupo Macri. La explicación del exministro Julio De Vido es, por lo menos, cínica. Dijo que no habían aceptado propuestas de la familia Macri similares a la objetada ahora por la fiscal. No aceptaron y se cruzaron de brazos. Cualquier acreedor tiene otros recursos para insistir en el cobro de una deuda. Podría haber pedido, por ejemplo, la quiebra de la empresa” (…) 3) “El dictamen de la fiscal se convirtió también en una cuestión política. La fiscal Boquín no pertenece, en efecto, a Justicia Legítima, pero tiene muy buena relación con la procuradora Alejandra Gils Carbó, jefa de los fiscales. Gils Carbó la nombró en el cargo actual, que es, precisamente, el cargo que ella tenía antes de ser nombrada procuradora general de la Nación. Un gesto elocuente del prejuicio de Boquín puede advertirse en que no asistió a la asamblea de acreedores que suscribió el acuerdo con el Grupo Macri, a la que fue invitada” (…) “Otro fiscal, Juan Pedro Zoni, éste sí de Justicia Legítima, imputó ayer al presidente y al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, por una denuncia hecha por Nuevo Encuentro. Es evidente que el caso del Correo agitó a todos los fiscales que el kirchnerismo dejó en la Justicia” (…).

“La primera conclusión es que el dictamen de la fiscal Boquín no es vinculante, no tiene efectos prácticos. La instancia que deberá tomar una decisión de fondo, sobre si homologa o no el acuerdo del Estado con el Correo, es la Cámara en lo Comercial. Por eso es un proyecto de acuerdo y no un acuerdo terminado. No estamos, por lo tanto, ante un hecho consumado del Presidente supuestamente beneficiando a los intereses de su familia. Es la Justicia la que deberá decidir si ese acuerdo es correcto o es “abusivo”, como lo calificó la fiscal. Es ostensible, por otro lado, que el Presidente viene de una familia empresaria y que tiene muchos amigos y familiares que son propietarios de empresas. Sería injusto reclamarle que segregara a sus familiares y amigos de soluciones que el Estado brindaría en cualquier otra situación. El acuerdo último, bueno o malo, tiende a cobrar una deuda y a no olvidarse de ella, como sucedió durante los últimos doce años. Del mismo modo, el Gobierno debe tener en cuenta la condición extremadamente sensible que tiene cada decisión que involucra a las empresas de la familia Macri o de los amigos del Presidente” (…)”De todos modos, faltó previsión sobre la potencial carga política de la decisión sobre el Correo y la necesaria comunicación acerca de lo que se estaba haciendo” (…) “La existencia de un proyecto de acuerdo por el Correo llegó al conocimiento de la opinión pública por el dictamen de la fiscal Boquín y no por una oportuna información del Gobierno. Con antelación, la administración debió, además, convocar la opinión de los expertos independientes y pedir dictámenes de la Sigen, el organismo de control interno de la administración, y de la Oficina Anticorrupción. Faltaron política y sensibilidad, otra vez, para predecir potenciales conflictos”.

Para Morales Solá este escándalo se trata casi de un cuento de hadas. Sin embargo, para la prensa internacional es un hecho que abochorna a la Argentina. The Guardian, uno de los diarios más importantes de Inglaterra, titula “Presidente argentino acusado por conflicto de interés después de perdonarle una deuda a una compañía”, al mismo tiempo que publica una foto del presidente de la nación en la que se lo ve marcadamente preocupado. Por su parte, El País, de España, dice “La deuda del padre de Macri con el Estado argentino se complica”. The New York Times, uno de los diarios más influyentes de Estados Unidos, publicó “Fiscal argentino pidió investigar al Presidente por el reparto del Servicio Postal”. Otro gigante mediático norteamericano, The Washington Post, expresó “Fiscal argentino pide autorización para investigar al Presidente”. Mientras que en Uruguay, El País y El Observador titularon la noticia, respectivamente, de la siguiente forma: “Imputaron a Macri por la deuda del Correo” y “Macri investigado por perdonar millonaria deuda de su padre al Estado” (fuente: Perfil, 15/2/017).

En su edición del martes 14 Página/12 publicó un crudo artículo de Horacio González titulado “La Argentina desollada”. Dice González: “(…) Se desolla a un país cuando se le arranca una espesa recubierta que de una manera u otra es la que lo ha sedimentado históricamente. En ese ámbito bien o mal arropado se resguardan las antiguas y modernas efusiones de una sociedad complicada y con viejas desesperaciones, explícitas o contenidas. En las difíciles molduras de la historia del país, de esas membranas nacionales que son de superficie y también actúan “de profundis”, están sus conflictos, sus imposibilidades, sus esperanzas. Desollarlas, en el mejor de los casos, es reemplazarlas por capas de frágiles palabras plastificadas, enfoques humillantes, estilos persecutorios, imposiciones intolerables, a veces públicas, a veces sigilosas, con el agregado de arbitrios generalizados de vigilancias secretas” (…).

“Escuchemos a Macri mientras es alcanzado por hechos que no diferencian su condición de Empresario Privado y de Presidente, como si hubieran sido soldados electrógenamente por un soplete de gas obtenido de una vaca muerta desollada. ¿No está suficientemente probado que favorece desde el Gobierno cuya presidencia ocupa, a las Empresas familiares, o paternales, que por supuesto no pueden no incumbirle? ¿Y qué dice? ¡La puta, que es lindo estar vivo! Con tal exclamación que simplifica goces cotidianos profundos, algo grave sentimos que ha ocurrido, que algo esencial ha quedado desollado. Queda desollado lo que representa ese sedimento curtido del país, sus vidas laborales, políticas, culturales, científicas y jurídicas en debate. Desollar implica no dar paso a ningún debate efectivo, solo simulacros, solo un grupo de extraviados fiscales, espectros obsesionados al borde de grúas y alfombras voladoras, que están haciendo crujir la justicia, sus mínimas nociones, sus hasta ahora más o menos verosímiles contactos con probanzas y testimonios. La desollan como en ningún otro momento de la historia de las ciencias jurídicas argentinas, para tomar solo este ámbito” (…) “Juristas y grandes abogados, hayan sido políticos o no, hacen a la lista siempre titilante de los pensamientos que fundaron este contradictorio país…¡Están siendo desollados en su memoria! ¡Los pobres! Mariano Moreno, Alberdi, Vicente Fidel López, Cooke, Moisés Lebenshon, Vélez Sarsfield, Leandro Alem, Ricardo Levene, Cuchi Leguizamón, Carlos Cossio, Arturo Sampay, Silvio Frondizi, Juan Agustín García, Arturo Jauretche, Adán Quiroga, Ernesto Palacio, Carlos Sánchez Viamonte, Joaquín V. González, Deodoro Roca, Héctor Tizón, Juan Fillloy, Gustavo Roca, Ortega Peña,, Eduardo Luis Duhalde, Osvaldo Álvarez Guerrero, Rodolfo Mattarollo, Norberto Centeno, Lisandro de la Torre, Alfredo Palacios, Strassera … cito hasta donde me da el vértigo de la rememoración; es lógico pensar que no solo fueron los abogados, jueces y constitucionalistas los que hicieron este país, muchos de ellos también historiadores, músicos o literatos, ¡pero qué espejo para que se miren los fiscales desolladores! Un personaje de Arlt diría ¡qué ensalada! Pero en esta ensalada, hoy en peligro, se aceitó el país” (…).

“Desollar es un poco más que manipular y tanto como la profunda ineptitud de omitir la responsabilidad individual en recusables negocios propios que ellos miran como si fueran ajenos, como sacudiéndose miguitas de la solapa. Solaparon, desollaron un sentido elemental de lo injusto cuando encarcelaron a Milagro Sala sin argumentos válidos, que fueron a buscar después, apurados e inveraces” (…) “Desollan también el pluralismo, con el que tanto cacarearon. Desollar es el proyecto de cooptación de “arrepentidos” más enorme y cruel que se haya desplegado en este ciclo tan defectuosamente democrático, que con ellos ingresa a un grave cono de sombra. Defectuoso porque desollan y desollan, desollan ellos y desollan ellas, agraciadas ministras y gobernadoras, en las sombras o a la luz. Arrancan vestimentas peronistas y cegetistas, ahúman ropajes radicales, tienen agarrados por las canicas a demasiados socialistas” (…) “Desollan y arrancan la memoria de los derechos humanos con balbuceos falsos, hipótesis numéricas, un procedimiento contable contra lo que cuenta realmente la historia” (…).

“¿Dólar a futuro? Investigan una decisión económica bajo los parámetros legales del Estado, cuestión con la que se enriquecieron ellos, los ya ricos y ricos en acusaciones vacías también. Pero desollan a los funcionarios anteriores, los de la herencia. Se explica esa frase, pesada herencia, porque sale de la cuchilla del matarife que memoriza bien su pasado de cortaduras y punciones, del que corta la cosa viva para que la pinte Rembrandt: eso que quedó retratado luego que ellos pasaran la cuchilla del Fiscal, que no son muchos, son pocos, pero rellenan el Arquetipo del fanatismo del Perseguidor. ¿Qué más arrancan? ¡Que hable el verdadero Fiscal Rembrandt! Arrancan por forzamiento inusitado la idea de que Nisman fue asesinado, violentando investigaciones previas, indicios de gran elocuencia que desmienten las excedidas truculencias. Las contradicen tanto el sentido común y el de las ciencias jurídicas más elementales, todo junto … y así promulgan dictámenes en medio de modestas saturnales-sin apenas el desenfreno de sus infinitos pretextos y excusas-hasta escuchar el árido chasquido con que ropajes indeclinables se separan de un cuerpo, el cuerpo social de un país, su memoria de luchas, realizaciones, fracasos y consuelos” (…).

“Despellejar mientras se muestran serviciales, amigos de las cloacas en los asentamientos precarios-bienvenidos-, paseándose jactanciosos por la Villa 31. Se lo reconocemos, créanlo. Ya tienen, por lo demás, la foto atronadora de López encasquetado. Con el rostro de Jano miramos hacia ellas con la misma preocupación cívica de siempre, la necesaria crítica en ristre, y hacia el lado en que están los desolladores, con la extrema tristeza de un país que se le va escurriendo a los trabajadores, los ciudadanos, los científicos y científicas, las maestras y maestros, a las mujeres activas que se hacen cargo de sus propios horizontes de emancipación y recogen ansiedades que son de todos. Y ellos… ellos son ajurídicos, asociales, pero tienen de la clásica voluntad de poder un aspecto desorbitado, del que hasta se sienten inocentes. Nadie que haya sido autoritario en la Argentina en cualquier nivel que sea, llegó a tanto. Se trata en el fondo de un poder gerencial que como epistemología básica, se dice a sí mismo que no precisa leyes, en el colmo del decisionismo expresado en el “puta qué lindo es estar vivo”. Será una cosa dicha por Alterio, pero otra cosa distinta con la cuchilla del desollador en la mano y arrancando lonjas de la memoria social y política de este país en carne viva”.

Hernán Andrés Kruse

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