Pero lo que nadie habla es el gasto que debería hacer el Estado para su puesta en marcha y que según estimaciones estaría por encima de los 4 mil millones de pesos.

En 2015 el gobierno de CABA, a cargo de Mauricio Macri, licitó el voto electrónico para las 7300 mesas porteñas por un monto de 245 millones de pesos, a razón de un poco más de 33 mil pesos por cada una de las máquinas que son necesarias para cubrir la elección.

A nivel nacional las mesas de votación son más de 90 mil, por lo que un cálculo rápido (90.000 x 33.000), demuestra q el Estado debería desembolsar a valor de comienzos del año pasado, una suma superior a los 3 mil millones de pesos.

A eso habría que sumarle la inflación acumulada a los largo de los 2 años.  Incluso siendo generosos y aplicando las estadísticas del Indec K, en los últimos 48 meses rondaría el 40 por ciento, por lo que a la suma inicial hay que sumarle 1200 millones más.

Resta aclarar que los 4200 millones de pesos que el estado debería invertir para implementar el sistema el año que viene no contemplan ni el pago a las autoridades de mesa, que en 2015 acumuló unos 60 millones, ni el traslado y puesta a punto de las máquinas, mucho menos la logística de la elección que de todas maneras estaría presente utilizando cualquier método de votación, por lo que lo dejaremos afuera del cálculo.

Lo único que se ahorraría de las arcas de todos los argentinos sería el dinero destinado a la impresión de boletas de los distintos partidos, que para las generales de 2015 acumulo unos 37 millones de pesos, a razón de 6 millones y un poco más por cada frente electoral.  Incluso sumando PASO, primera y segunda vuelta, el gasto total del Estado en impresiones esta en el orden de los 110 millones.

Los defensores del sistema advierten que el gasto es una "inversión" que se mantiene en el tiempo porque las máquinas tiene una vida útil prolongada, pero lo cierto es que implementarlo por primera vez es necesario sumar los costos de entre 6 y 10 elecciones con PASO incluidas (impresión de boletas, urnas, sobres, art. de librería, etc.), sin contar la capacitación de autoridades de mesa y fiscales, que todavía agregaría un costo extra.

En la vereda de enfrente se paran aquellos que indican que el sistema tal como está planteado le entrega la apertura de los comicios y el escrutinio a una empresa privada. Además de que ya está demostrado que las máquinas pueden ser hackeadas a una distancia de 30 metros por lo que no existen garantías plenas de transparencia en la elección.

Incluso países del primer mundo como Alemania han abandonado los métodos electrónicos para garantizar la igualdad de oportunidades y la libre elección de la ciudadanía y llamativamente el lugar en dónde funciona un modelo idéntico al que el macrismo quiere imponer en Argentina es en Venezuela, país al que el gobierno califica como una "dictadura", por lo que vale al menos la sospecha de si realmente en Cambiemos confían en ese método de votación.

La pregunta es si es necesario que en momentos de crisis y "sinceramiento" de la economía, el Estado destine esa cifra a la implementación de un sistema inseguro, hackeable y que probablemente choque con las tradiciones electorales de un montón de regiones del país.