En la primera semana de julio, la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó el proyecto de ley de Modernización del Estado, que previamente había recibido la media sanción de la Cámara alta bonaerense. La normativa fue una de las promesas de la campaña electoral llevada adelante por María Eugenia Vidal, y desde el mismo Ejecutivo se decidió avanzar en ella y brindarle tratamiento legislativo.

Desde las arcas del gobierno señalan que, a grandes rasgos, la legislación va a permitir que se promueva una mejor interacción entre el Estado y el vecino. Además, los ejes estructurales apuntan a generar una ventanilla única; la inversión tecnológica, sobre todo en la conectividad web; alcanzar la planificación a largo plazo y la digitalización de los trámites, ya sean expedientes o documentos.

Según se pudo saber, estas modificaciones no serán visibles en la proximidad. Si bien el equipo de la Subsecretaría para la Modernización, que conduce Magdalena Acuña, se encuentra trabajando en ello, se debe cumplir con plazos legales para ajustarse a las licitaciones correspondientes a las disposiciones. 

Asimismo, desde la Provincia se informó que los primeros dos sectores donde se avanzará, con el objetivo de verlos explicitados en el corto plazo, será la implementación de la firma digital y la modificación del cableado tecnológico de las dependencias, a fin de evitar las caídas en los servicios, y que finalizaría en 2017.

En ese marco, el vicepresidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Manuel Mosca, manifestó  que “la firma digital es determinante para acortar plazos, para desburocratizar al Estado, agilizar cada una de las gestiones y de las soluciones que da el Estado provincial. Dejando de trasladar de oficina en oficina el expediente de papel, que son hoy, mes a mes, no menos de 170 mil, que se pueden ver de oficina a oficina, con lo cual eso va a tender a desaparecer”.

Desde Cambiemos no apuntan directamente a la gestión de Daniel Scioli por la actualidad del sistema de trámites provincial, pero aseguran que recibieron “un Estado del siglo XIX en el siglo XXI”. Por ello consideran que los tiempos para llevar adelante el alcance pleno de la normativa serán un tanto más prolongados que los deseados por María Eugenia Vidal. Es que la modernización del Estado es la punta de lanza con la que la Gobernadora planea consolidar un terreno firme para consagrar la reforma política tan deseada.

Fuentes de calle 6 confirmaron a este medio que la ley aprobada el 7 de julio es el puntapié inicial de un paquete general de modificaciones, donde la reforma electoral es la verdadera estrella. “Tiene que ver todo con lo mismo: transparentar el Estado, modernizarlo; y, obviamente, tiene que ver con otorgarle transparencia al acto electoral a través de la boleta única electrónica, y tiene que ver con muchos aspectos de la reforma política del Estado”, sentenció Mosca.

En ese marco, el Ejecutivo convocó a las universidades nacionales del territorio bonaerense para sumar su trabajo a la implementación de la ley. En total, catorce casas de altos estudios fueron consultadas directamente por Vidal para conseguir su apo-yo en busca de celeridad. Así aseguró a La Tecla el rector de la Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR), Jaime Perczyk, quien además informó que se creará una mesa de diálogo para trabajar en la misma línea. Esto es celebrado no sólo por sumar al trabajo a rectores que han estado alineados al kirchnerismo, sino que sostienen que podría apaciguar los ánimos de algunos legisladores que reclamaron una comisión bicameral de seguimiento.

Si bien contó con el apoyo de todo el Congreso, desde el Frente Renovador hay ciertas sospechas sobre algunos puntos de la ley que no creen que se puedan llevar adelante (ver cuadro aparte). Por otra parte, el peronismo se diferencia del massismo; y el senador Patricio García afirmó a La Tecla que “la apoyamos todos porque es una buena ley”.

Lo cierto es que la legislación de avanzada que propuso Vidal, como punto de partida para allanar el camino a la reforma electoral, deberá aguardar para salir en plenitud a la cancha. Los tiempos legales para avanzar en la licitación y la efectiva presupuestación de las modificaciones que se prometen son el principal problema. 

No obstante, desde el oficialismo confían en dar los primeros dos pasos antes de fin de año y en 2017 trabajar de lleno en la concreción.