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7 de febrero de 2015

Dra. Gils Carbó, haga un bien a la República, RENUNCIE by Juan Manuel Otero

Si entendemos a la Justicia en su sentido amplio o tradicional que abarca desde la virtud de dar a cada uno lo que le corresponde, pasando por lo que debe hacerse conforme indiquen el derecho o la razón, hasta llegar a los tribunales que entienden en los conflictos aplicando la ley, debemos concluir que la Justicia no es tal si no es Legítima.

De ahí que nos resulte llamativo que un pequeño grupete de integrantes del Poder Judicial, se reúna al amparo del poder de turno bajo la redundante denominación de JUSTICIA LEGÍTIMA. Daría la sensación que para quienes así se agrupan, aquellos que no profesan su credo se encuentran en la vereda de la ilegitimidad.

Más llamativo y preocupante nos resulta el comprobar que entre los destacados referentes de esta agrupación se encuentre la Procuradora General de la Nación, Doctora Alejandra Gils Carbó, que de ella estamos hablando.

Nuestra inquietud proviene de que el importante Instituto a su cargo se autodefine, tanto en sus propios postulados cuanto en las normas que la dieron vida, como una entidad ABSOLUTAMENTE INDEPENDIENTE.

Si nos basamos apenas en las normas generales de la Constitución Nacional no harían falta más explicaciones al respecto. “El Ministerio Público es un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad en coordinación con las demás autoridades de la República”. (Art. 120 CN).

Como para que no queden dudas, también se recalca esta independencia en su propia página web, capitulo Institucional: “QUÉ ES EL MPF… el Ministerio Público Fiscal es un órgano independiente dentro del sistema de administración de justicia. Se encuentra a cargo del Procurador o de la Procuradora General, que es propuesto o propuesta por el Poder Ejecutivo y aprobado por el Congreso de la Nación. Es independiente incluso del Poder Judicial (encabezado por la Corte Suprema de Justicia). Esa independencia tiene sus orígenes en la Reforma Constitucional de 1994, que estableció la autonomía del Ministerio Público”.

No menos contundente resulta la Ley 24946 que le da vida: “ARTÍCULO 1° — El Ministerio Público es un órgano independiente, con autonomía funcional y autarquía financiera, que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad. Ejerce sus funciones con unidad de actuación e independencia, en coordinación con las demás autoridades de la República, pero sin sujeción a instrucciones o directivas emanadas de órganos ajenos a su estructura.

Ahora bien, no hace falta ser muy lúcido ni poseer informaciones privilegiadas para comprender que lo último que la Procuradora tiene en cuenta en el ejercicio de su cargo es justamente LA INDEPENDENCIA. Su sujeción a las instrucciones del Poder Ejecutivo ha logrado en pocos meses que un instituto nacional de la importancia de la Procuración General de la Nación haya caído en el descrédito público, con el consiguiente daño a la salud institucional de la República.

La desvergonzada cacería que se ha puesto en práctica hacia fiscales que intentan honrar sus cargos e investigar hechos de corrupción y el silencio de los integrantes de la Justicia Legítima, nos habla justamente de la ABSOLUTA DEPENDENCIA que esta funcionaria judicial tiene para con el Poder Ejecutivo.

Son varios y graves los ejemplos que podríamos citar, la ciudadanía los conoce y rechaza, pero el trágico sainete en que se ha convertido la investigación de la Dra. Fein respecto a las causas de la muerte del Fiscal Nisman sobrepasa todos los límites que una República puede soportar. La lenta y zigzagueante actuación de nuestra Representante de la Vindicta Pública, sus reiteradas apariciones mediáticas temblorosa y titubeando respuestas que se contradicen de un día para otro, el papelón de comprobar que esta pobre Fiscal jugó al infantil “Teléfono descompuesto” con la mismísima Procuradora Gils Carbó, debiendo desmentir un día lo que confirmó al siguiente y demostrando de yapa que no tiene idea -o no puede dar a publicidad- de lo que sucede en la causa bajo su fiscalización. Nadie en su sano juicio puede creer que, pasados veinte días, no se sepa la trayectoria del proyectil, la distancia del disparo, el orificio de entrada, si se encontraba la víctima bajo efectos de drogas o estupefacientes…

En este trágico vodevil no olvidemos que de la Procuración -no ya del gobierno central- no salió una mínima palabra de homenaje a su colega asesinado en cumplimiento ejemplar de las normas estatutarias de la Procuración y de la Constitución Nacional.

Dra. Gils Carbó, no olvide que los fiscales son nuestros representantes, déjelos trabajar libremente, apoye y apruebe su objetividad. Debería saber Ud. que cuantos más requisitos de antecedentes e idoneidad profesional, conducta cívica, honestidad, independencia y capacidad moral se les exija para acceder a tan honrosos cargos, más segura y armónica será la convivencia social.

Y usted está procurando justamente lo contrario. Si tuviera un mínimo de dignidad, debería presentar su inmediata e indeclinable renuncia. Usted no es independiente ni su “justicia” es legítima.

Juan Manuel Otero

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