Default, sí. Default, no. El término técnico en el cual entró la Argentina tras fracasar la negociación con los holdouts aparece co-mo una discusión superficial frente a la complejidad del problema. El país está en cesación de pagos por lo menos ante un grupo de acreedores que tiene en su favor una sentencia judicial para cobrar bonos defaulteados en 2001. Tampoco, a consecuencia de los embargos acarreados por este fallo del juez Thomas Griesa, cobrarían los bonistas que entraron al canje y reci-bían hasta ahora los pagos sin atrasos. ¿Pero todo este entuerto termina el 31 de diciembre, cuando ya no sea una amenaza la famosa cláusula RUFO? Claramente, no. Sin coincidencia ahora podría no haberla en 2015. Sobre todo si el Estado argentino se niega a mejorar la oferta, como promete la presidenta Cristina Fernández desde la ba-rricada, y repite el ministro Axel Kicillof. Es cierto que prácticamente todos los economistas coinciden en que en la encrucijada actual, entre pagar y no pagar a los fondos buitre, es acertado evitar que se dispare la cláusula RUFO con el pago de la sentencia Griesa. Pero qué caminos se recorrerán desde enero de 2015, es una incógnita. Voces de la Casa Rosada comienzan a hacer circular la versión de que factiblemente el Gobierno no abra esa negociación. Incluso se especula con un nuevo canje bajo ley argentina. Como contrapartida, los fondos buitre han esperado mucho tiempo, y sus economías difícilmente se alteren si deben aguardar un poco más. En diciembre del próximo año Argentina cambiará el gobierno, y el mundo financiero intuye que cualquiera de las opciones en danza será más permeable en una negociación. Además, quien sea el nuevo morador de la Rosada llegaría con la necesidad de conseguir oxígeno de los mercados. Las versiones de encarar una negociación con el uno por ciento de los bonistas (y eventualmente el 7 por ciento en caso de sumar a quienes no entaron al canje pero tampoco avanzaron en la vía judicial), tiene también un justificativo por parte del oficialismo. “Ningún funcionario puede admitir que después de enero se va a mejorar la oferta a los bonistas, porque eso también dispararía la cláusula RUFO”, aseguró a La Tecla el economista Agustín D’Atellis. De todos modos, la insistencia en considerar usurero el accionar de los fondos buitre por parte del Gobierno permite sospechar del mantenimiento de esta tesitura más allá del cambio de almanaque. Para la mayoría de los economistas es “un disparate seguir en default cuando el país tiene capacidad de pago”, como lo expresa en estas páginas Manuel Solanet. Pero la duda está instalada y se hace carne en los mercados. Una buena parte de la opinión pública responsabiliza al Estado del fracaso en las negociaciones. Otro dato a tener en cuenta para esperar la reacción del Gobierno. Por ahora, las medidas son cuestionar al mediador Daniel Pollack, intentar destrabar los fondos depositados para quienes están en el canje y mantener un relato épico.